122 líderes y lideresas han sido asesinados entre enero y julio de 2022, advirtió la Defensoría

La Defensoría del Pueblo presentó un nuevo informe sobre el estado de seguridad de los líderes y lideresas sociales, advirtiendo que, entre enero y julio del 2022, se han registrado 122 asesinatos.
En el documento, titulado Violencia contra Líderes Sociales la entidad defensora de Derechos Humanos detalló que los departamentos del Cauca, Nariño, Antioquia y Putumayo son los departamentos más afectados por la comisión de este tipo de sucesos.

“Los homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos representan una grave afectación en contra de las comunidades y la democracia. Ellos son los representantes de las peticiones, necesidades y la voz de las personas más vulnerables. Por esta razón debemos, desde el Estado, brindarles las garantías necesarias para el ejercicio de su labor, ya que es vital para garantizar el bienestar y los derechos humanos en las regiones”, dijo el defensor, Carlos Camargo.
Según el reporte en Nariño se han registrado 17 asesinatos de líderes y lideresas sociales, en Antioquia 12 y en Putumayo 11. A ello se suman los 9 homicidios registrados en Arauca, 9 en Valle del Cauca, 7 en Bolívar, 6 en Tolima y 5 en Caquetá.
Asimismo, Norte de Santander registró en este período 4 homicidios, 3 en Cesar, 3 en Chocó, 3 en Meta, 2 Sucre, 2 en San Andrés. Por su parte, La Guajira, Córdoba, Santander, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Guaviare, Bogotá y Risaralda fueron los territorios que reportaron un caso cada uno.
La situación particular del departamento de Nariño indica que ha habido un incremento de los homicidios en los últimos años, pasando de 6 casos en 2016 a 14 en 2020 y en los primeros siete meses de 2022 ya se han presentado 17 muertes. Tumaco, con 7 homicidios, es la región en la que más se han presentado el mayor número de muertes violentas contra los líderes, le siguen Barbacoas con 4, Manalla, Olaya Herrera, Samaniego, Leyva, Córdoba, Guachucal, con un caso cada uno.
“Rechazamos el accionar criminal en contra de los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Debemos mantener la guardia arriba para que el Estado les garantice la protección, su seguridad y la de sus familias y que puedan realizar con tranquilidad su labor en defensa de las comunidades”, precisó Camargo.
Es de mencionar que los líderes comunales representan el mayor número de muertes violentas en todo el país con 33 casos, indígenas 27 casos, y comunitarios 25 casos.
