Montería

Alvaro Sepúlveda denuncia amenazas y plan para manipular elecciones de la Cámara de Comercio

El presidente ejecutivo de la entidad alertó en rueda de prensa sobre un supuesto esquema de interferencia en la elección de junta directiva y expresó temor por su seguridad, al comparar su situación con la del fallecido dirigente Jairo Zapa

En una declaración pública inesperada, Alvaro Segrith Sepúlveda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Montería, puso sobre la mesa graves denuncias vinculadas al próximo proceso electoral de la junta directiva de la institución. Aseguró haber recibido amenazas y alertó sobre un presunto intento de manipulación y dominio del certamen.

“No quiero ser el próximo Jairo Zapa”, afirmó Sepúlveda, para dar cuenta de su temor por su integridad física. Sin revelar nombres concretos, señaló que los hechos estarían ligados a sectores empresariales que no aceptan los cambios que se han dado al interior de la Cámara.

Sepúlveda afirmó que hay presuntas presiones a empleados, posibles intentos de acceso a bases de datos privadas y visitas a establecimientos comerciales para conseguir votos de cara a las elecciones antes mencionadas. El directivo aseguró que puso las evidencias en conocimiento de las autoridades y solicitó acompañamiento de los organismos de control para revisar el proceso electoral.

Asimismo, explicó que personas externas a la entidad estarían visitando reiteradamente a empresarios y haciéndose pasar por integrantes de la administración para buscar respaldo a determinados aspirantes. El presidente ejecutivo advirtió que estas actuaciones, de comprobarse, podrían afectar la transparencia y la igualdad de condiciones entre quienes buscan integrar la Junta Directiva.

El directivo afirmó que ha recibido intimidaciones desde marzo de este año y que las presuntas presiones se habrían intensificado en las últimas semanas. También aseguró que dispone de audios, fotografías, videos y tarjetas que, según explicó, fueron entregados a las autoridades como parte de las pruebas relacionadas con los hechos denunciados.

Uno de los puntos que pidió investigar es si hubo intentos de presionar a trabajadores de la Cámara para obtener información privada de sus afiliados. Sostuvo que los datos públicos están disponibles para los empresarios interesados en participar, pero rechazó que alguien pretenda conseguir información privilegiada para obtener ventajas frente a otros candidatos.

El presidente ejecutivo también solicitó que se determine si algún empleado de la institución estaría colaborando con campañas particulares. Insistió en que los funcionarios de la Cámara no están autorizados para hacer proselitismo ni para favorecer a alguno de los aspirantes a la Junta Directiva.

“Yo no lo permito y por eso es mi compromiso con los empresarios, con los pequeños, con los medianos y con los grandes empresarios de Córdoba”, expresó al defender la autonomía de la entidad y su compromiso con un proceso electoral transparente.

El directivo informó que solicitó acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Superintendencia de Sociedades para revisar aspectos del procedimiento, entre ellos la conformación del censo electoral, las publicaciones y las listas de aspirantes. Además, indicó que remitió documentación a las autoridades para que evalúen las presuntas irregularidades y determinen si corresponde abrir investigaciones.

Ante las denuncias, Sepúlveda pidió a los empresarios que ejerzan su voto de manera presencial y que no entreguen firmas, poderes ni documentos a terceros que aseguren estar actuando en nombre de la Cámara de Comercio. Aclaró que la institución no está recogiendo votos ni autorizando a sus empleados para promover candidaturas, y que el voto -una vez inicie el proceso- se da de manera presencial el día 3 de diciembre.

El presidente ejecutivo sostuvo que su propósito es evitar que intereses particulares interfieran en la administración de la entidad. No obstante, las acusaciones expuestas corresponden a denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades competentes, que tendrán la responsabilidad de establecer si ocurrieron las conductas señaladas y si existen responsabilidades.

Back to top button