Los históricos pero desconocidos conflictos socio ambientales representan un nuevo escenario para el Derecho Público Colombiano, específicamente conflictos relacionados con el uso y la explotación irresponsable e insostenible de los recursos no renovables, la escalada aceleración de construcciones de infraestructura en las ciudades, la equivocada gestión del territorio y las actividades de alto impacto ambiental, entre otros, para los distintos actores; todos estos requieren una respuesta desde el Derecho.
En Colombia, las respuestas concretas al aumento de los conflictos ambientales han sido de diverso origen, algunas represivas y otras concertadas, recordemos lo sucedido en el Huila con la construcción del Quimbo que despojo a miles de labriegos de sus tierras mal compradas obligándolos a buscar otra fuente de empleo derivando una gran confrontación social con la Multinacional.
Desde el Ejecutivo, se han puesto en marcha organizaciones administrativas como la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental y los Centros Regionales para el Dialogo Ambiental, todos estos fracasados y recientemente con la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú hay algo de esperanza.
La firma de este tratado el cual es un instrumento jurídico vinculante para América Latina y el Caribe reconoce por primera vez los llamados «derechos de acceso» (información, participación ciudadana y acceso a la justicia).
Desde el Ejecutivo, se han puesto en marcha organizaciones administrativas como la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental y los Centros Regionales para el Dialogo Ambiental, todos estos fracasados y recientemente con la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú hay algo de esperanza.
La firma de este tratado el cual es un instrumento jurídico vinculante para América Latina y el Caribe reconoce por primera vez los llamados «derechos de acceso» (información, participación ciudadana y acceso a la justicia).
Los derechos de Respeto y acceso son un reto para el Derecho ambiental colombiano, y un primer avance luego de la presión ciudadana ejercida y liderada por los ambientalistas en el 24N origino que el presidente firmara y ratificara el mencionado Acuerdo. Este fue un paso determinante en la búsqueda de la Democracia ambiental tan anhelada en el país, y en consecuencia ahora debe darse inició al proceso de compatibilización de los estándares comunes diseñados en el Acuerdo con la normatividad ambiental existente en nuestro país que determina información, participación ciudadana y acceso a la justicia.
Sin duda, el recién firmado Acuerdo de Escazú es el instrumento jurídico ambiental más ambicioso, especializado y detallado en derechos de acceso para América Latina y el Caribe, y es ambicioso, porque pretende generar estándares a cerca de 500 millones de personas que son los habitantes de la región latinoamericana y Caribeña, por lo tanto, es indispensable afirmar que este acuerdo va a incidir en la Democracia Ambiental de la región y de Colombia en los próximos años, pero sólo será posible sí el gobierno actual decide implementarlo completamente y no a medias, como ya hemos visto con otros acuerdos.
