Empresarios temen efectos colaterales del aumento al salario mínimo en inflación y empleo
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, aseguró que un incremento “desmedido e irresponsable” del salario mínimo agravaría los desequilibrios actuales

Con la inflación anual superando el 5% y un panorama macroeconómico marcado por la incertidumbre, el ajuste del salario mínimo para 2026 se perfila como uno de los temas más sensibles en la agenda del Gobierno. Gremios empresariales, encabezados por Fenalco, han expresado su preocupación por lo que consideran señales de un aumento que podría ser más político que técnico.
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, aseguró que un incremento “desmedido e irresponsable” del salario mínimo agravaría los desequilibrios actuales. A su juicio, combinar esa medida con la implementación de una reforma laboral que eleva los costos para los empleadores podría tener “efectos devastadores” sobre la estabilidad económica, sobre todo en el empleo formal.
“Un salario mínimo que se fije sin rigor técnico, basado en discursos populistas, solo terminará por alimentar la inflación y debilitar el mercado laboral”, dijo Cabal en una declaración pública.
La advertencia llega justo cuando el índice de precios al consumidor volvió a mostrar un comportamiento alcista, impulsado principalmente por los alimentos, los servicios en restaurantes y el rubro de salud. El DANE informó una variación mensual de 0,19% en agosto, cifra que encendió las alarmas entre analistas financieros, quienes ven en estos datos un factor clave que debería moderar las aspiraciones de incremento salarial.
Desde el sector privado, se insiste en que el aumento del salario mínimo debe estar enmarcado en la productividad y la inflación proyectada. Superar significativamente esos parámetros podría, según los empresarios, golpear la recuperación del consumo, poner en riesgo la sostenibilidad de las pymes y aumentar la informalidad.
“El discurso del salario digno no puede desligarse de la realidad económica. Si una empresa no puede pagar lo que impone la ley, simplemente cierra o reduce personal”, advirtió un vocero de una agremiación regional consultado por este medio.
En paralelo, algunos economistas señalan que hay margen para una mejora real del salario mínimo, pero que esta debe venir acompañada de estrategias claras de control inflacionario y fomento de la productividad. También recuerdan que el déficit fiscal —que se sitúa actualmente en 7,1% del PIB— limita la capacidad del Estado para intervenir activamente sin generar nuevas presiones sobre los precios.
