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Gobierno activa subsidio para proteger empleos afectados por el terremoto del 10 de agosto

Uno de los mecanismos centrales de la norma está dirigido a micro y pequeñas empresas y a personas naturales empleadoras que tengan trabajadores damnificados

Hasta seis meses de apoyo para conservar empleos y una ayuda económica para quienes quedaron cesantes hacen parte de las medidas laborales adoptadas por el Gobierno Nacional después del terremoto del pasado 10 de agosto. Las disposiciones quedaron contenidas en el Decreto Legislativo 1417 del 17 de septiembre de 2026, publicado como parte de las medidas de emergencia para atender las afectaciones ocasionadas por el sismo.

Uno de los mecanismos centrales de la norma está dirigido a micro y pequeñas empresas y a personas naturales empleadoras que tengan trabajadores damnificados. El Estado aportará por cada trabajador que cumpla los requisitos un valor equivalente al 40 % del salario mínimo legal mensual vigente de 2026, que corresponde a $700.362 por cada ciclo. El beneficio podrá reconocerse hasta durante seis ciclos mensuales.

El apoyo está condicionado a la permanencia del vínculo laboral. Por esa razón, la ayuda pretende respaldar a los empleadores mientras mantienen en sus puestos a los trabajadores afectados por la emergencia, en lugar de convertirse en un pago desligado de la conservación del empleo.

Para acceder al beneficio existen condiciones tanto para los empleadores como para los trabajadores. Entre ellas se contempla que las micro y pequeñas empresas hayan sido constituidas antes del 10 de agosto de 2026 y que los trabajadores elegibles aparezcan registrados en la PILA desde julio de este año. También se exige que los empleados beneficiarios estén reconocidos como damnificados y cumplan los demás criterios establecidos por el decreto.

La norma establece, además, que recibir el apoyo durante un ciclo no significa que el empleador tenga automáticamente garantizados los siguientes pagos. Cada período está sujeto a las condiciones y verificaciones correspondientes.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, explicó que la intención del Gobierno es evitar que las consecuencias económicas de la emergencia terminen afectando de manera permanente a los trabajadores. “La reconstrucción también se hace protegiendo el trabajo. Con este decreto pasamos a medidas concretas para respaldar a las familias damnificadas, ayudar a los pequeños empleadores a conservar puestos de trabajo”, afirmó la funcionaria.

López Fuentes también señaló que el paquete busca atender a las personas que perdieron su fuente de ingresos. “a quienes hoy necesitan recuperar sus ingresos”, indicó la ministra, al referirse al segundo componente de las medidas.

El decreto no se limita a los empleadores. Los trabajadores dependientes e independientes que hayan quedado cesantes y tengan la condición de damnificados podrán acceder a una transferencia extraordinaria equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente de 2026.

Ese valor será entregado mediante dos giros mensuales, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma. El mecanismo está dirigido a personas que cumplan los requisitos establecidos para acreditar su condición de damnificadas y su situación de cesantía.

De esta manera, el paquete contempla dos escenarios diferentes frente al impacto laboral del terremoto: por un lado, recursos para que determinados pequeños empleadores puedan conservar puestos de trabajo y, por otro, una transferencia temporal para quienes ya perdieron su fuente de ingresos.

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