Gobierno lanza política de Trabajo Digno y Decente con inversión de $1,82 billones
En el marco del Día del Trabajo y desde Medellín, el Gobierno nacional presentó el CONPES 4189, una ambiciosa hoja de ruta que busca generar empleo, reducir brechas sociales y fortalecer la protección laboral en Colombia.
El Gobierno nacional presentó oficialmente el CONPES 4189, la Política Nacional de Trabajo Digno y Decente, aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social.
La iniciativa, liderada por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación, pretende la dignificación del empleo y la estabilidad económica, al consolidar una política pública integral enfocada en derechos, productividad y crecimiento sostenible.
El documento contempla una inversión de $1,82 billones y se estructura en cinco ejes estratégicos: generación de empleo en el marco de la transición energética y digital; reducción de brechas para poblaciones históricamente excluidas; fortalecimiento de la inspección laboral; ampliación del acceso a la protección social; y promoción del diálogo social y el sindicalismo.
Uno de los puntos clave es que el 81,9% de los recursos, equivalentes a $1,47 billones, será destinado al SENA para la formación en empleos del futuro, especialmente en sectores verdes y sostenibles. Además, la política reconoce y formaliza actividades que históricamente han estado en la informalidad o en la marginalidad, otorgándoles estatus dentro del mercado laboral.
El CONPES 4189 también incluye medidas inéditas dirigidas a poblaciones vulnerables. Entre ellas, programas de empleo juvenil focalizados en ciudades con altas tasas de desempleo, estrategias de fortalecimiento para vendedores informales sin recurrir a desalojos, e inspecciones puerta a puerta para garantizar derechos laborales a más de 700.000 trabajadoras domésticas.
Asimismo, se reconocerá el cuidado como un sector laboral formal, beneficiando a cuidadores y parteras, y se duplicará el número de inspectores de trabajo para alcanzar estándares internacionales. También se implementarán inspecciones sorpresa en sectores como el floricultor, especialmente en regiones de alta producción.
La política contempla, además, la reconversión laboral para más de 14.000 trabajadores afectados por procesos de descarbonización, la creación de escuelas de formación sindical en zonas de alta conflictividad y el rediseño del sistema de protección al desempleo para incluir a trabajadores informales.
