Gobierno Nacional fue pura utopía con reforma policial y medidas de protección para líderes sociales
Al presentar este jueves su informe anual, la organización Human Rights Watch (HRW) criticó fuertemente al gobierno del Presidente Iván Duque, porque “aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial”. Esto, en vista de que todavía no se producen acciones investigativas y condenatorias contundentes en contra de los miembros de la Policía Nacional involucrados en las 25 muertes violentas, de 84 registradas, que se les endosan a miembros de esa institución tras las airadas protestas desatadas en las distintas calles colombianas en 2021.
En las protestas, que se dieron entre los meses de abril y junio de 2021 y en las que decenas de miles de personas mostraron su malestar social contra el gobierno Duque en varias ciudades del país, los “oficiales de policía repetidamente y arbitrariamente dispersaron las manifestaciones pacíficas y usaron una fuerza excesiva y a menudo brutal, incluyendo munición real y violencia de género”, destaca en su informe HRW.
Además, señaló esa organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, que en algunas de las violentas manifestaciones registradas se produjeron también arrestos arbitrarios, varios casos de violaciones de todo tipo, decenas de lesiones oculares y reportes de torturas y malos tratos.
Tras las protestas, el gobierno de Iván Duque había anunciado una reforma de la Policía Nacional, sin embargo, al parecer todo no fue más que otra utopía política. “Aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial. Tampoco hay un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos”, reiteró HRW.
En el informe, que también deja malparado al Gobierno Nacional con relación al tema de los líderes sociales, HRW asegura que, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, “la violencia relacionada con el conflicto se incrementó en áreas remotas del país durante el 2021, tomando nuevas formas, así como los abusos contra civiles por parte de grupos armados ilegales, incluidos asesinatos, masacres y desplazamiento forzado masivo”.
Haciendo referencia a las recientes cifras de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dan cuenta que el 2020 fue el año con más masacres (76) desde 2014, y que entre enero y septiembre de 2021 se habían producido 82, HRW indicó que el gobierno Duque también ‘se rajó’ con relación a los planes de protección para líderes sociales en Colombia.
La ONU había señalado que más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016 y al menos 290 firmantes del Acuerdo de Paz también han perdido la vida. “El Gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos”, consideró la organización mundial.
“El ELN en 2021 siguió cometiendo crímenes de guerra y otros abusos contra civiles, así como las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, quienes son responsables de muchos de estos asesinatos, desplazamientos y masacres”, se reza igualmente en el papel de HRW.
Ese organismo también informó que tiene en su poder denuncias de amenazas a la independencia de la Justicia, sobre todo en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya que “el presidente Iván Duque y otros líderes del partido Centro Democrático han hecho declaraciones que aparentemente tratan de difamar o intimidar a la Corte (Suprema de Justicia) y minar la legitimidad de su decisión”.
