El Gobierno Nacional sancionó la ley que modifica el artículo 380 del Código Penal (Ley 599 del 2000), con lo que se ampliaron las penas para las personas que suministre o administre a un deportista profesional o aficionado, alguna sustancia o método prohibido en el deporte o lo induzca al consumo.
La ley argumentaba que quien cometiera este ilícito incurría en penas carcelarias que oscilaban entre los 24 y los 72 meses y en una multa de 66 a 750 salarios mínimos mensuales.
Según la nueva ley, la pena se aumentará hasta en la mitad cuando: la conducta recaiga sobre un menor de edad, se realice mediante engaño o coacción y el responsable tenga cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad o poder sobre la víctima.
Con el nuevo ajuste también están inmersos en la misma los profesionales o practicantes de medicina, odontología, enfermería, farmacia o personal de apoyo al atleta que, en ejercicio de ellas, sin justificación terapéutica, y con la finalidad de aumentar las capacidades deportivas, ya sean físicas o sicológicas, o modificar los resultados en competencias, realice las conductas previstas en la norma.
