Informe revela cómo las decisiones de Petro habrían beneficiado a Maduro tras el fraude electoral
El Miranda Center for Democracy, con sede en Washington, sostiene que la abstención de Colombia en la OEA y la postura de Gustavo Petro frente a los resultados electorales venezolanos contribuyeron a disminuir la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro
Las actuaciones diplomáticas del gobierno de Gustavo Petro frente a las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024 quedaron bajo cuestionamiento en un informe del Miranda Center for Democracy, que atribuye a Bogotá parte de la responsabilidad en la reducción de la presión internacional sobre Nicolás Maduro después de los comicios.
En el documento, titulado Laundering Maduro’s Legitimacy (Blanqueando la legitimidad de Maduro), el centro de análisis estadounidense examina varias decisiones de la administración colombiana y sostiene que estas facilitaron que el gobierno venezolano mantuviera su posición ante la comunidad internacional, pese a las denuncias de irregularidades electorales y a la falta de publicación de las actas desagregadas.
Uno de los episodios que destaca la investigación ocurrió el 31 de julio de 2024, cuando Colombia se abstuvo de respaldar una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que solicitaba la publicación de los resultados detallados de la votación. La propuesta obtuvo 17 votos favorables, uno menos de los 18 requeridos para ser aprobada.
Para el Miranda Center, la decisión colombiana tuvo un peso particular porque el respaldo de cualquiera de los países que se abstuvieron habría permitido alcanzar la mayoría necesaria. El organismo también cuestiona el tiempo que tardó Petro en pronunciarse sobre los resultados: según su reconstrucción, el mandatario se manifestó públicamente cerca de 55 horas después de las elecciones, mientras otros gobiernos de la región ya reclamaban transparencia.
La investigación también dirige sus críticas a la posición conjunta que posteriormente asumieron Colombia, Brasil y México. Según el centro, el paso de exigir la publicación de las actas a promover mecanismos de verificación y diálogo político terminó restándole fuerza a la presión internacional sobre Caracas.
El informe denomina ese comportamiento un patrón de “blanqueo” institucional, expresión que utiliza para describir decisiones diplomáticas que, en su interpretación, ayudaron a reducir el costo internacional de las irregularidades electorales atribuidas al gobierno venezolano. Sus autores precisan que esa conclusión se refiere al efecto de las actuaciones de Bogotá y no implica que hayan demostrado la existencia de un acuerdo deliberado entre Petro y Maduro.
En cuanto a las razones detrás de la postura colombiana, el centro identifica tres intereses. El primero sería la afinidad ideológica entre el proyecto político de Petro y el chavismo; el segundo, los intereses energéticos relacionados con los acercamientos entre Ecopetrol y Petróleos de Venezuela (PDVSA), incluida la posibilidad de cooperación para el suministro de gas.
El tercer factor señalado es la política de Paz Total. El documento considera que la participación de Venezuela como país garante en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como la presencia de estructuras armadas colombianas en territorio venezolano, incidieron en el interés del gobierno colombiano por mantener una relación diplomática estable con Caracas.
Como parte de su análisis, el Miranda Center también hace referencia a las conclusiones del Centro Carter sobre las elecciones de 2024, en las que la organización cuestionó la transparencia del proceso y determinó que no cumplió los estándares internacionales de integridad electoral.
