Ley de Sometimiento avanza en el Congreso
El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, confirmó que este martes 3 de noviembre, desde las 9:00 de la mañana, se retomará la discusión de la Ley de Sometimiento, luego de una extensa jornada en la que se aprobó la ponencia positiva del proyecto. El Congreso enfrenta una carrera contra el tiempo para completar su trámite legislativo.

Después de casi ocho horas de debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia logró superar una etapa importante de su trámite en el Congreso de la República.
El presidente de la corporación, Nicolás Barguil, destacó los avances alcanzados durante la sesión del lunes 2 de noviembre y anunció que la discusión continuará este martes a partir de las 9:00 de la mañana, con el propósito de avanzar hacia la aprobación definitiva de la iniciativa.
“Después de casi 8 horas de debate, la plenaria dio un paso importante en la discusión de la Ley de Sometimiento”, expresó Barguil a través de sus redes sociales.
El congresista también confirmó que las sesiones se retomarán para continuar con la votación del articulado.
“El país necesita decisiones. Seguimos dando el debate y asumiendo la responsabilidad de legislar que es lo que nos corresponde”, manifestó el presidente de la Cámara.
Durante la jornada, los representantes negaron una propuesta que buscaba archivar el proyecto y posteriormente aprobaron la ponencia positiva con 99 votos a favor y 39 en contra.
Sin embargo, el debate estuvo marcado por cuestionamientos de algunos congresistas sobre posibles irregularidades en el procedimiento legislativo.
La votación de la ponencia tuvo que repetirse luego de que varios representantes advirtieran sobre la falta de sustentación y deliberación antes de la primera votación. Tras reabrirse la discusión, la iniciativa obtuvo nuevamente el respaldo de la mayoría.
También fueron aprobados los artículos 5 y 14, mientras que el resto del articulado continúa pendiente de discusión.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca modificar y prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y establecer nuevas condiciones para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales.
La iniciativa contempla mecanismos relacionados con la entrega de armas, información y bienes, así como medidas orientadas al desmantelamiento de estructuras criminales y la protección de las víctimas.
No obstante, su contenido sigue siendo objeto de discusión entre las diferentes bancadas del Congreso.
La discusión resulta especialmente importante porque el 4 de noviembre vence la vigencia de la actual Ley de Orden Público, lo que aumenta la presión para que el Congreso complete las etapas pendientes del trámite.
