Niegan apelación a Papá Pitufo: será extraditado a Colombia
Lo único pendiente para materializar la extradición del zar del contrabando es resolver una solicitud de asilo radicada en diciembre de 2024.
La justicia portuguesa rechazó la apelación presentada por la defensa del contrabandista conocido con el alias de Papá Pitufo y deja en firme su extradición a Colombia.
El Tribunal Supremo de Justicia de Lisboa, Portugal, negó la solicitud de apelación presentada por la defensa de Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo y dejó en firme la extradición a Colombia, donde tienen asuntos pendientes y mucho que aportar a la justicia por sus tentáculos en el esquema criminal que dirigió.
Ese Tribunal anunció que se cumplen “todos los requisitos previstos por la ley” para dar luz verde a la extradición del zar del contrabando, solicitado por Colombia por ser el presunto jefe de una organización dedicada a la piratería.
En el auto, se reiteró que la solicitud tramitada por la justicia colombiana está ajustada a los requisitos de obligación de extradición que vinculan al Estado de Portugal-
Ahora, lo único pendiente para materializar la extradición es resolver una solicitud de asilo radicada por Diego Marín en diciembre de 2024.
A historia del zar del contrabando
Su esquema criminal ha salpicado a altos funcionarios de entidades estatales y a oficiales retirados de la Policía, que habrían estado envueltos en una red que, en su momento, fue responsable del ingreso de al menos el 80% de productos contrabandeados a suelo colombiano.
Alias Papá Pitufo es señalado por las autoridades de sobornar con altas sumas de dinero a exoficiales y altos mandos de la policía Fiscal y Aduanera (Polfa), así como a funcionarios de la Dian, para poder entrar productos de forma ilegal a través de los puertos de Buenaventura y Cartagena.
Estos hechos, por los cuales es investigado, habrían ocurrido entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, cuando la organización liderada por Marín Buitrago habría organizado reuniones con agentes activos y retirados de la Polfa para pedirles que actuaran como enlaces con los policías que efectuaban los controles aduaneros.
El objetivo era ingresar al país de forma ilegal productos como cigarrillos, bebidas alcohólicas, textiles, cerámicas y calzado, a través de los puertos de Buenaventura y Cartagena, desde donde distribuían estas mercancías hacia partes de Colombia, Venezuela y Ecuador.
En la investigación, las autoridades colombianas aseguran que la organización de Marín Buitrago habría establecido una especie de nóminas mensuales para sobornar a los funcionarios que debían encargarse de los controles aduaneros.
La suma entregada en dádivas para funcionarios públicos ascendería a los 900.000 millones de pesos. Además, se dice que ofrecían automóviles, equipos de telefonía para comunicaciones clandestinas, pagos de gastos de alojamiento y otros beneficios injustificados.
