El Estado colombiano, históricamente marcado por negocios ‘raros’, o sospechosos más bien, firmó hace varios años un contrato de concesión vial que incluye tramos como Cereté–Lorica. Sin embargo, dicho acuerdo tuvo “salvedades” tan convenientes como perjudiciales que, lejos de solucionar problemas, terminaron creando una grave afectación para la capital del Bajo Sinú.
Se ha dicho una y mil veces que Lorica es la que está pagando los platos rotos, y no es una exageración. Cuando se adjudicó la concesión a Ruta al Mar, el Gobierno Nacional de turno decidió excluir del alcance del proyecto el mantenimiento de la Avenida Bicentenario, pese a tratarse de un tramo nacional. Una decisión absurda e inequitativa que hoy tiene consecuencias evidentes.
Mientras la vía se deterioraba progresivamente —llena de huecos, con congestión vehicular permanente y escenarios frecuentes de accidentes que dejan heridos y muertos—, los habitantes de Lorica y quienes transitan por allí deben pagar obligatoriamente el costoso peaje de Mata de Caña, ubicado a pocos kilómetros del municipio. Todo conductor que se dirija desde la señorial Santa Cruz de Lorica hacia Montería debe asumir ese cobro.
Por eso, el reclamo ciudadano es legítimo y necesario.
Con el reciente incremento en las tarifas de los peajes, las críticas han inundado las redes sociales. No obstante, es necesario ser claros: este fue un negocio que el Estado colombiano firmó —no durante el gobierno del presidente Petro— con una empresa concesionaria, y los principios de seguridad jurídica obligan a respetar lo pactado. El Estado no puede romper los contratos que firma sin afectar su credibilidad y seriedad institucional.
El gobierno actual, guste o no, está cumpliendo estrictamente lo acordado, aun cuando ello golpee el bolsillo de los cordobeses y de los turistas.
Resulta indignante que quienes visitan Lorica, al atravesar la Avenida Bicentenario en pésimas condiciones, terminen insultando al alcalde, pese a haber pagado un peaje elevado. Muchos desconocen que este tipo de contratos y decisiones son competencia exclusiva de los gobiernos nacionales y no de las administraciones locales.
Hoy la Avenida Bicentenario está bajo la responsabilidad de Invías y no de la concesión. Y aquí está el verdadero drama: ni el Estado, que es el responsable directo, ni la empresa privada, que no está obligada contractualmente, hacen absolutamente nada. El puente de Chimalito sigue deteriorándose, la movilidad continúa colapsada y Lorica sigue poniendo los muertos y los heridos.
Todo esto mientras se afecta gravemente la imagen, la belleza natural, arquitectónica y cultural de un municipio que, pese a estas dificultades, posee el único patrimonio inmaterial del departamento de Córdoba y es un referente turístico de alcance nacional e internacional.
Lorica no pide privilegios. Exige justicia.
