¿Qué protocolo debe activarse en el caso de la joven abandonada hace nueve meses en una clínica de Montería?
El llamado de la clínica, que asegura haber informado reiteradamente a las entidades competentes sin obtener respuesta, pone en evidencia la necesidad de una articulación efectiva entre instituciones para evitar que casos como este se prolonguen

El caso de Yoleida Paola Viga Sánchez, la joven de 23 años que permanece desde hace nueve meses en condición de abandono en la Fundación Amigos de la Salud, no solo genera preocupación por su estado de salud, sino que también obliga a la activación de una ruta legal clara en Colombia para la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la normativa vigente, cuando una persona es abandonada en una institución de salud, el primer paso corresponde a la notificación inmediata a las autoridades competentes, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, especialmente si existe una condición mental que limite su autonomía, como ocurre en este caso.
Aunque la joven es mayor de edad, su diagnóstico y comportamiento —asimilado por especialistas al de una menor— implican que el Estado debe garantizar la protección de sus derechos fundamentales a través de mecanismos como el restablecimiento de derechos, una figura que permite evaluar su entorno familiar, ubicar a sus parientes o, en su defecto, definir una medida de protección adecuada.
En paralelo, las secretarías de salud territoriales —como la de Córdoba y las de los municipios de Montería y Tierralta (De donde es oriunda)— tienen la obligación de articular acciones para garantizar la continuidad del tratamiento médico y gestionar una salida institucional segura, evitando que la paciente permanezca de manera indefinida en un centro asistencial.
Otro de los mecanismos que puede activarse es la intervención de una comisaría de familia o un juez, quienes podrían determinar la designación de un curador o tutor legal, encargado de tomar decisiones en nombre de la joven, especialmente si se confirma que no cuenta con una red de apoyo familiar.
Asimismo, el sistema de salud debe evaluar la remisión a una institución especializada en atención a personas con discapacidad mental o la asignación de un hogar sustituto, dependiendo del concepto médico y social.
El llamado de la clínica, que asegura haber informado reiteradamente a las entidades competentes sin obtener respuesta, pone en evidencia la necesidad de una articulación efectiva entre instituciones para evitar que casos como este se prolonguen en el tiempo sin una solución de fondo.
Mientras tanto, la joven continúa en un entorno hospitalario que no está diseñado para estancias prolongadas, lo que incrementa los riesgos para su salud física y emocional, a la espera de que se active de manera efectiva la ruta que permita restituirle sus derechos.
