Solo cuatro campañas podrán reclamar reposición de votos
Las campañas que superaron el umbral, deberán presentar sus reportes financieros y demostrar de manera detallada los gastos realizados durante el proceso electoral.

Más allá de definir los dos nombres que disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, los resultados de la jornada electoral también determinaron cuáles campañas conservarán el derecho a recuperar parte de los recursos invertidos durante la contienda.
De acuerdo con la normatividad electoral vigente, únicamente los candidatos que obtengan una votación equivalente o superior al 4 % de los votos válidos pueden acceder al mecanismo de reposición estatal, una figura mediante la cual el Estado reconoce una suma de dinero por cada sufragio recibido.
Para las elecciones presidenciales de 2026, el valor establecido por voto fue de $8.613. Con base en los resultados de la primera vuelta, el umbral mínimo exigido quedó cercano a los 959 mil votos.
Bajo ese criterio, solo cuatro campañas lograron mantenerse dentro del grupo habilitado para solicitar la reposición de gastos electorales. Se trata de Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, quienes superaron ampliamente la barrera establecida por la ley.
En contraste, las candidaturas de Claudia López, Santiago Botero, Mauricio Lizano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins y Roy Barreras quedaron por debajo del requisito legal, perdiendo así la posibilidad de acceder a estos recursos públicos.
No obstante, expertos recuerdan que superar el umbral no garantiza la entrega automática de los montos calculados. Cada campaña deberá presentar sus reportes financieros y demostrar de manera detallada los gastos realizados durante el proceso electoral.
La revisión estará a cargo del Consejo Nacional Electoral, entidad que verificará los soportes contables y determinará el valor definitivo a reconocer. La legislación establece que los recursos entregados por concepto de reposición nunca podrán superar el monto efectivamente invertido y debidamente comprobado por cada campaña.
Con este proceso, las autoridades buscan garantizar transparencia en la financiación política y un adecuado control sobre los recursos destinados a las actividades electorales.
