Los argumentos de la Defensoría para crear las tres sedes en el sur de Córdoba, Bolívar y Antioquia
Las rentas ilícitas, el corredor del narcotráfico que se mueve a través de las zonas selváticas y apartadas y los conflictos armados que aún siguen presentes fueron los principales argumentos para que la Defensoría del Pueblo creara tres sedes en las zonas sur de Córdoba, Bolívar y Antioquia.
Estos departamentos comparten y sufren en sus zonas limítrofes la problemática social de desplazamientos forzados, control ilícito del territorio y presencia de grupos armados organizados.
“Es evidente la necesidad de una presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en el Sur de Bolívar, Sur de Córdoba y Sur de Antioquia que permita garantizar mayor atención a las comunidades a las cuales se les dificulta el acercamiento a organismos del Estado, lo que permitirá a estas comunidades acercarse a una Institución que tiene interés en sus necesidades y que busca gestionar ante los entes encargados la protección y garantías de sus derechos”, refiere la Defensoría en la resolución 1587 del 28 de diciembre de 2020, donde señala la creación de las sedes regionales.
Sobre el sur de Córdoba, el Ministerio Público expresa que actualmente presenta un escenario de riesgo con su “génesis en la dejación de armas por parte de las FARC-EP y la subsiguiente generación, de un vacío de poder capitalizado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), para asumir el control hegemónico sobre la población, el territorio y las economías ilícitas. El actual proceso de reconfiguración de los dominios territoriales y la llegada de nuevos actores armados ilegales ha derivado en el surgimiento de espacios de abierta confrontación y de violaciones masivas a los derechos humanos y a los principios del DIH”.
Además agrega que entre 2019 y 2020 ocurrieron 16 eventos de desplazamiento masivos que afectaron 1.453 hogares integrados por más de 4.530 personas de los cuales 1.282 eran indígenas, “como consecuencia de las disputas en el territorio de las AGC, Disidencias de las FARC- Frente 18 y Caparrapos, y otros ocasionados por operativos militares y policiales; así como, los derivados de combates con interposición de población civil entre miembros de la Fuerza Pública y las AGC en la vereda Alto Cristal, del municipio San José de Uré”.
Sobre el sur del departamento de Bolívar hace referencia a que está ubicado estratégicamente entre la Serranía de San Lucas en la cordillera Central y el valle medio del Magdalena, Sur de Bolívar, “zona que cuenta con condiciones ambientales adecuadas para el ejercicio de actividades agropecuarias. Pese a ello, ha sufrido los infortunios de una indebida gestión pública y el abandono estatal, lo que ha generado la implantación de estructuras armadas que disputan el control del territorio para el aprovechamiento de economías ilegales que generan un fuerte impacto en las comunidades.
Para el caso de la subregión del Bajo Cauca antioqueño y de la subregión del sur antioqueño, la Defensoría refiere que existe déficit y deficiencias en la infraestructura productiva, reproductiva y de servicios, principalmente en la zona rural donde la carencia de dotación y recursos humanos y físicos, afectando a la población civil con asesinatos selectivos a líderes de las comunidades y líderes defensores de los derechos humanos, y el reclutamiento y utilización forzada de menores de edad por los grupos armados ilegales pos-desmovilización (Caparrapos y AGC), la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC-EP.
Las Defensorías Regionales estarán ubicadas en: Montelíbano, para Córdoba; San Pablo, para Bolívar; y Caucasia, para Antioquia.
