Tribunal Superior de Bogotá ratifica legalidad de interceptaciones en proceso contra Álvaro Uribe
El tribunal explicó que, aunque se produjo una confusión en la identificación de una línea telefónica —la 3175050***—, dicha situación obedeció a un error involuntario y no a una actuación dolosa o negligente por parte de los investigadores

En la lectura del fallo de segunda instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Tribunal Superior de Bogotá respaldó la legalidad de las interceptaciones telefónicas practicadas durante la investigación, al concluir que estas se realizaron bajo los parámetros establecidos por la ley y con control judicial.
Según la decisión, el despacho ratificó lo determinado en el decreto probatorio, en concordancia con el auto emitido por la Corte Suprema de Justicia el 18 de febrero de 2019, que dio origen a las escuchas. El tribunal explicó que, aunque se produjo una confusión en la identificación de una línea telefónica —la 3175050***—, dicha situación obedeció a un error involuntario y no a una actuación dolosa o negligente por parte de los investigadores.
“El despacho concluye que, si bien se trató de una situación grave por afectar comunicaciones de un tercero, la actuación fue razonable dentro del contexto investigativo”, señala el fallo, que además destacó que la interceptación cumplió con los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad previstos en la legislación procesal.
El tribunal recordó que la inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho fundamental, pero no absoluto, y puede estar sujeta a restricciones bajo control judicial cuando exista una finalidad legítima dentro de un proceso penal.
De igual manera, la corporación indicó que la orden de interceptación del 7 de marzo de 2019 cumplió con los requisitos legales exigidos por el artículo 301 de la Ley 600 de 2000, como la fundamentación escrita y la ejecución dentro de las 24 horas siguientes.
En cuanto a los efectos procesales, el Tribunal Superior sostuvo que los resultados de las escuchas mantienen validez jurídica, pese a los cambios derivados de la renuncia de Uribe a su fuero como congresista, al considerar que la Corte Suprema actuó como juez natural y con apego a la norma procesal.
Con este pronunciamiento, el tribunal avanza en la lectura de la sentencia de segunda instancia, que definirá este martes si se mantiene, modifica o revoca la condena impuesta en primera instancia contra el exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
