Un día después su elección como senador, David Racero declará en la Corte
El congresista inicia una nueva fase de defensa ante la justicia.

Tras la jornada electoral del 8 de marzo en la que su partido, el Pacto Histórico obtuvo una exitosa votación que lo posicionó como la primera fuerza política del Senado, el electo senador David Racero tuvo que comparecer ante la Corte suprema de Justicia.
El actual representante a la Cámara, quien el 20 de julio de este año pasara a la Cámara alta se presentó al despacho del magistrado César Reyes, expresidente de la Sala Especial de Instrucción del Alto tribunal, a rendir indagatoria la mañana de este lunes 9 de marzo.
“No quiero politizar, en ningún escenario, la investigación que hubo en el Consejo de Estado y mucho menos en la Corte. Nos hemos prestado para rendir cuentas”, dijo Racero minutos antes de entrar a la diligencia judicial.
El congresista acaba de salir bien libreado de un proceso administrativo de pérdida de investidura ante Consejo de Estado, que fallo a su favor. Ahora enfrenta uno penal en la Corte Suprema.
Tanto el proceso penal como el electoral —que agrupó tres demandas contra Racero— se basan en las revelaciones de septiembre de 2024 en la revista Cambio, que publicó que el representante le pidió “apoyo” a Leonardo García, integrante de su unidad de trabajo legislativo (UTL), para revisar las cuentas de un supermercado que el legislador manejaba junto a su familia entre 2020 y 2021.
La sentencia definitiva, de 46 páginas, insiste en que no fue posible obtener un concepto técnico “concluyente o válido” sobre los pantallazos sin el celular original donde está la información, sin una extracción forense con herramientas especializadas o sin datos sobre la cadena de custodia o el origen del material.
Posteriormente, David Racero acusó a los demandantes y a la prensa de “suplantar en la esfera pública el dictamen de los honorables magistrados”. “Las argumentaciones de la demanda fueron absolutamente insuficientes”, sostuvo en diciembre.
En consecuencia, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría abrió en septiembre de 2024 una indagación contra Racero por presuntamente pedirle plata a miembros de su UTL y, además, por impartir órdenes para que Leonardo García “se apartara de sus deberes funcionales y atendiera un mercado de frutas y verduras”.
Posteriormente, el Ministerio Público abrió otra indagación contra Racero, quien habría acordado con el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, quiénes debían ocupar algunos cargos en el Servicio Nacional y quiénes debían salir de ellos.
“Esperemos que todo se dé a conocer de manera oportuna”, expresó el representante este lunes, y añadió: “Para la verdad, el tiempo”, dijo al referirse a su proceso.
Tras la indagatoria ante César Reyes y la Sala de Instrucción tienen que definir la situación jurídica de David Racero. Por ahora, el congresista sigue a la espera de los escrutinios que certifiquen su elección como senador para para el período de 2026 a 2030.
Según el Consejo de Estado, en este caso, es especialmente relevante advertir que las capturas de pantalla “por sí solas no tienen la suficiente entidad jurídico procesal” para dar por acreditada la configuración o estructuración de la causal de desinvestidura”. Es decir, no sirven —al menos no en el Consejo de Estado— para comprobar que el representante movió de forma ilegítima recurso del Estado.
También, aunque las solicitudes también incluían la hoja de vida de Leonardo García y ratificaban su rol como conductor y funcionario en labores logísticas, los elementos “no tienen la entidad ni la potencialidad de acreditar” que el congresista le ordenó “atender negocios particulares” en noviembre de 2020 y enero de 2021.
En contraste con el principal tribunal contencioso administrativo, la Corte Suprema podría contar con más posibilidades de ampliar el potencial probatorio de los chats o de cualquier otro elemento recabado hasta ahora, gracias al CTI o la Policía Judicial. El avance del proceso penal tendrá un punto final en los próximos meses.
El Consejo de Estado concluyó que el expediente no comprobó la responsabilidad de Racero encima de “toda duda razonable”.
En consecuencia, cinco magistrados firmaron el rechazo de la investidura, incluyendo al expresidente del Consejo de Estado en 2025, Luis Alberto Álvarez Parra. El consejero Juan Enrique Bedoya aclaró su voto.
