El Gobierno de Puerto Libertador exigió a la empresa canadiense Minerales de Córdoba el plan de reparación de familias de la vereda El Alacrán, desplazadas por el Estado, luego de autorizar la explotación de minerales a la multinacional, obligando la expulsión de esa comunidad.
El título minero otorgado por el Estado a la empresa canadiense cobija el territorio de la vereda, por lo que una de las propuestas era que se considerara darle un espacio a los mineros artesanales que datan desde hace más de 40 años para que continuaran con su actividad y generar el sustento diario.
“Eso no va a ocurrir”, reconoció el secretario de Gobierno Municipal, Rafael Martínez.
Sin embargo, dijo que, ante esa situación y la expulsión del territorio de esas comunidades, la empresa o el Estado tienen que asumir la reubicación de las 1.400 personas que ahí habitan.
“Qué va a pasar con nuestros entables, con nuestras casas, si no hay respuesta ni del Gobierno ni de la empresa”, se preguntan los mineros artesanales.
El funcionario recordó que la vereda El Alacrán ha sido reconocida por el Gobierno Nacional como un área de explotación minera, que nunca ha sido clandestina, y que no entiende por qué se ha mostrado el lugar como el descubrimiento de una actividad al servicio de grupos ilegales, tal como lo planteó la Policía Nacional en el procedimiento que ejecutó el ESMAD.
Hasta 2016, se han entregado 26 títulos mineros otorgados a empresas para la explotación minera en ese municipio y hay 45 solicitudes adicionales, estas últimas tienen reparos del mismo municipio.
