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MinJusticia fortalecerá herramientas para perseguir el dinero ilícito en Colombia

El ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció la necesidad de revisar los mecanismos legales para combatir las finanzas del crimen organizado. La cooperación judicial internacional, el rastreo de criptoactivos, el lavado de dinero y los recursos provenientes de la minería ilegal están entre las prioridades planteadas.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, plantea fortalecer las herramientas jurídicas para perseguir los recursos económicos de las organizaciones criminales, mediante una revisión del régimen de extinción de dominio y una mayor cooperación judicial internacional.

Así lo expuso el ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González, quien señaló que, a tres décadas de la primera ley de extinción de dominio en Colombia, resulta necesario examinar la eficacia de los instrumentos legales existentes y su capacidad para enfrentar las nuevas modalidades de financiación del crimen organizado.

Uno de los principales objetivos será evaluar la legislación sobre extinción de dominio, cuyo primer desarrollo legal integral se remonta a 1996, para determinar qué ajustes requiere frente a las nuevas dinámicas de la criminalidad.

Cancino reconoció la utilidad que ha tenido esta herramienta para el Estado, pero sostuvo que debe ser revisada ante los desafíos actuales.

El ministro destacó que una de las responsabilidades fundamentales de su cartera es fortalecer la cooperación judicial internacional, particularmente en los mecanismos que permitan identificar y perseguir los patrimonios vinculados con actividades ilegales.
“El papel del Ministerio de Justicia, pues, es cooperación judicial internacional. Fortalecer mecanismos de extradición, asistencia judicial, intercambio probatorio, coordinación entre autoridades competentes”, expresó.

El funcionario explicó que la articulación entre autoridades nacionales y extranjeras resulta fundamental para enfrentar operaciones criminales que trascienden las fronteras colombianas.

Otro de los frentes señalados por Cancino es la necesidad de coordinar acciones contra las economías ilegales y los mecanismos utilizados para movilizar y ocultar recursos de origen ilícito.

Entre las actividades que requieren especial atención mencionó la minería ilegal, el lavado de activos, los criptoactivos y las estaciones de servicio involucradas en actividades ajenas a una economía legal.

También hizo referencia a la compra de sociedades y bienes inmuebles en otros países, operaciones que deben ser examinadas para identificar posibles estructuras financieras criminales y avanzar en su desmantelamiento.

El ministro también planteó la necesidad de examinar la suficiencia de las herramientas jurídicas disponibles en Colombia para combatir la financiación de organizaciones ilegales, sus redes de apoyo logístico y las actividades criminales transnacionales.

En esa revisión incluyó los mecanismos de designación internacional de estas entidades, así como la coordinación entre las autoridades encargadas de investigar sus operaciones económicas.

El planteamiento de Cancino apunta a fortalecer la capacidad institucional para perseguir no solamente a los responsables de actividades criminales, sino también los recursos y estructuras patrimoniales que permiten su funcionamiento.

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