¡No habrá más pagos! Prosperidad Social suspende ayuda económica a damnificados por el frente frío
La entidad confirmó que no realizará nuevos giros ni incluirá más familias en el programa extraordinario que atendió a 46.785 hogares afectados por la emergencia de febrero en Córdoba y otros departamentos. La decisión genera preocupación en comunidades que aseguran no haberse recuperado completamente de las inundaciones. Carlos del Toro, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Vallejo, en Montería, recibió la respuesta oficial a un derecho de petición.

Se acabó la ayuda económica de $500.000 para los damnificados por el frente frío que golpeó a Córdoba y otros departamentos del país a comienzos de 2026. Prosperidad Social confirmó oficialmente que no habrá más desembolsos ni se incorporarán nuevos beneficiarios a la intervención extraordinaria de Renta Ciudadana, pese a que numerosas familias todavía enfrentan dificultades para recuperar sus viviendas y condiciones de vida.
La decisión quedó consignada en una respuesta enviada el 19 de noviembre de 2026 a Carlos del Toro, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Vallejo, uno de los sectores del occidente de Montería afectados por las inundaciones de febrero.
El dirigente comunal había solicitado claridad sobre la continuidad de los pagos de $500.000 y la posibilidad de ampliar la cobertura a otras familias incluidas en el censo de damnificados, ante la preocupación de los hogares que aún esperan una recuperación económica y habitacional. Sin embargo, la respuesta de Prosperidad Social fue categórica, “no habrá lugar a la programación, liquidación, reconocimiento ni dispersión de ciclos operativos adicionales”.
La entidad explicó que, mediante la Resolución 243676 del 10 de noviembre de 2026, se declaró finalizada definitivamente la intervención extraordinaria que había sido creada para atender las necesidades básicas de los hogares afectados por el fenómeno climático registrado entre el 1 y el 6 de febrero.
Uno de los aspectos que genera mayor inquietud entre los damnificados es que la reglamentación contemplaba la posibilidad de realizar hasta cinco transferencias económicas, condicionadas a la disponibilidad presupuestal. No obstante, Prosperidad Social precisó que ese número correspondía a un límite máximo y no a una obligación de efectuar cinco desembolsos.
Según la comunicación oficial, la entidad ejecutó y liquidó dos ciclos operativos, con los cuales atendió a 46.785 hogares.
La respuesta también aclara que el cierre se aplica a todos los beneficiarios, independientemente del municipio de residencia o del número de pagos efectivamente recibidos.
La segunda noticia para las comunidades afectadas es que no se abrirán nuevas convocatorias ni se seleccionarán más hogares del censo de damnificados para recibir esta ayuda.
Prosperidad Social explicó que quedaron suspendidos definitivamente los procesos de identificación, focalización, priorización, selección y registro de nuevos beneficiarios con cargo a la intervención extraordinaria.
Esto significa que las familias que esperaban ser incorporadas al programa tampoco podrán acceder a los $500.000 mediante este mecanismo.
Para justificar el cierre de los pagos, Prosperidad Social argumentó que la emergencia superó su fase crítica y que la respuesta estatal pasó a una etapa de recuperación temprana y estructural, bajo otros instrumentos institucionales.
También informó que el Gobierno nacional redujo las apropiaciones presupuestales destinadas a transferencias monetarias mediante el Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026.
Sin embargo, la decisión llega en medio de los reclamos de comunidades que consideran que la recuperación de los territorios afectados todavía está lejos de completarse.
En el occidente de Montería, particularmente en la urbanización Vallejo y otros sectores golpeados por las inundaciones, los habitantes han reclamado durante meses mayores intervenciones para restablecer sus condiciones de vivienda y reducir los riesgos ante nuevas temporadas de lluvias.
Carlos del Toro ya había advertido públicamente sobre las dificultades que enfrentaban las comunidades para recuperarse plenamente de la emergencia, pese a las acciones adelantadas por las autoridades territoriales.
La Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería han ejecutado proyectos de mejoramiento de viviendas, limpieza de canales y atención a familias damnificadas, algunos financiados con recursos propios y otros mediante gestiones ante entidades nacionales y organismos de cooperación.
No obstante, el alcance de esas intervenciones sigue siendo motivo de preocupación entre los habitantes que continúan esperando soluciones definitivas.




