Piden a la Fiscalía investigar a la exviceministra Angélica Verbel por reversar compra del sistema antidrones
El ministro de la defensa y congresistas cuestionaron los desplazamientos internacionales de la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro y denunciaron presuntas irregularidades en la búsqueda de sistemas antidrones. Piden a la Fiscalía investigar el manejo de los recursos y las decisiones que habrían retrasado la adquisición de estos equipos.

Una fuerte controversia política salpica a la exviceministra de Defensa Angélica Verbel López, luego de que en el Congreso de la República surgieran cuestionamientos por los viajes que realizó a diferentes países durante el gobierno de Gustavo Petro, supuestamente relacionados con la búsqueda de tecnología para proteger a la Fuerza Pública de los ataques con drones.
Las críticas se conocieron en medio de un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde el ministro de Defensa, mayor general retirado Jorge Eduardo Mora, aseguró que la anterior administración había restringido la compra de sistemas inhibidores de drones, mientras avanzaba un proyecto nacional que no logró entregar los resultados esperados.
Uno de los señalamientos más fuertes recayó sobre los viajes internacionales de Verbel, quien ocupó el Viceministerio para la Estrategia y Planeación. Según las denuncias, la exfuncionaria habría recorrido varios países de Europa y Asia acompañada de delegaciones oficiales, sin que esas gestiones se tradujeran en la adquisición de los equipos requeridos para enfrentar esta modalidad de ataque.
El ministro Jorge Mora también fue crítico con la gestión del gobierno anterior y calificó los desplazamientos internacionales como una expresión de presunto “turismo burocrático”, al cuestionar que las fuerzas militares y policiales continuaran enfrentando ataques sin disponer de suficientes herramientas de protección.
El senador Germán Rodríguez, del Movimiento de Salvación Nacional, cuestionó el propósito y los resultados de esos desplazamientos, al considerar que se destinaron recursos públicos a misiones internacionales mientras militares y policías permanecían expuestos a los explosivos lanzados por organizaciones criminales mediante aeronaves no tripuladas.
El congresista también denunció presuntas presiones para favorecer una alternativa tecnológica de India frente a propuestas de otros países, entre ellos Estados Unidos. Según su versión, algunos integrantes del equipo técnico se habrían negado a respaldar estudios orientados hacia una determinada opción.
El representante Simón Molina aseguró que el Ministerio de Defensa había reportado 723 ataques con drones y más de 1.900 explosivos lanzados mediante estos dispositivos, una situación que evidencia la gravedad de la amenaza para uniformados y comunidades.
Ante este panorama, Molina solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación para establecer si existieron omisiones o posibles responsabilidades de funcionarios que participaron en las decisiones relacionadas con la adquisición de los sistemas antidrones.
